Recién empezado el año, tenemos que lamentar tres víctimas más por violencia de género, dos de ellas asesinadas el 12 de enero en la localidad alicantina de Elche, donde un hombre ha matado a su exmujer y a la hermana de esta, quitándose la vida posteriormente. diarioinformacion.com
Un caso más en el que el asesino había sido denunciado por violencia de género previamente por su exmujer por maltrato psicológico continuado en agosto de 2013, y en el que finalmente resultó el maltratador absuelto por falta de pruebas.
Y es este punto el que nos lleva a la reflexión.
En España fuimos pioneros a la hora de legislar de forma integral contra la violencia de género y de hecho contamos con un marco jurídico de reconocido prestigio a nivel internacional que ha sido imitado por muchos países vecinos por su amplio espectro de medidas, además de premiado por las principales organizaciones internacionales como una de las mejores leyes del mundo para luchar contra la violencia machista.
Sin embargo, es obvio que contar con un buen marco jurídico no es suficiente si no existe voluntad política de desarrollarlo en toda su extensión, o si no es dotado de los recursos económicos, humanos y de seguridad necesarios y previstos en la ley.
En los últimos años, y concretamente desde el 2008, se ha recortado en más de un 22% el presupuesto destinado a la lucha contra el terrorismo machista.
Inevitablemente esto se traduce en una falta de apoyo a las mujeres maltratadas, y concretamente en el ámbito judicial, supone una reducción drástica en los recursos económicos destinados a formar y especializar a los agentes judiciales implicados, que con pocos recursos y una carga laboral inasumible no pueden llevar a cabo su trabajo con los elementos de valoración necesarios.
Ello unido a la falta de concienciación generalizada y los prejuicios discriminatorios en el sector jurídico que siguen existiendo a día de hoy tal como declara amnistía internacional y que, basados en género, “tienen un impacto serio en los derechos de las víctimas en el proceso judicial” hacen que aumenten exponencialmente las sentencias absolutorias hacia los maltratadores
¿Imaginan en este caso como se sintió la víctima cuando absolvieron a su verdugo?
Como consecuencia, esta mujer tuvo que sufrir durante años violencia psicológica continuada que paso a convertirse en violencia física con resultado mortal.
Quizás por falta de diligencias de investigación, quizás por falta de sensibilización, quizás por falta de recursos económicos necesarios para dotar al poder judicial de los medios suficientes para concienciar, formar, y evitar esta situación, pero lo cierto, es que hoy lamentamos dos víctimas más que se podrían haber evitado y que se suman a las miles de mujeres que han visto su vida truncada por patéticos energúmenos que pensaron que podían decidir por ellas.
Así las cosas, una vez más tenemos que hacer examen de conciencia y preguntarnos que hubiésemos tenido que hacer para evitarlo.
La realidad es obvia, más recursos económicos, más esfuerzo institucional, más concienciación y coeducación porque es la única vía posible, ello junto a un buen asesoramiento e información a las víctimas que sufren el miedo a diario y una formación actualizada y transversal para todos los agentes judiciales que actuamos en el proceso, porque acabar con la violencia de género es responsabilidad de todos, más si cabe para los profesionales del sector.
Comentarios recientes